Reproducimos este artículo de Alejandro Brito aparecido en el Suplemento de La Jornada "Letra S" sobre la recientes reformas en la Ciudad de México...
Matrimonio del mismo sexo, una conquista laica
En diciembre pasado, la ciudad de México se convirtió en la primera de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo.
La contundencia de los argumentos que se egrimieron en defensa la no discriminación en esta figura legal consiguieron incluso vencer el prejuicio de la izquierda sobre la adopción a parejas homosexuales. Con este logro, la sociedad capitalina se apareja con la defensa de las libertades laicas presente en los países más desarrollados del mundo.
Alejandro Brito
Lo anunció con semanas de antelación y lo cumplió. El pasado lunes 21 de diciembre, el PRD junto con la bancada del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), formó la mayoría suficiente para aprobar, por 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa de reforma al Código Civil y de Procedimientos Civiles del DF presentada por el diputado David Razú, para definir al matrimonio como “la unión libre de dos personas” y de esa manera extender esa figura a las parejas del mismo sexo.
La iniciativa de reforma se aprobó, además, sin restricciones. El dictamen presentado al pleno por las Comisiones Unidas que lo discutieron incluía un candado que prohibía la adopción de menores por parte de los cónyuges del mismo sexo. Pero a la hora de la votación, la bancada del PRD sorprendió aprobando la reserva del Artículo 391, que propuso la diputada Marisela Contreras en contra del candado por considerarlo discriminatorio.
El día de la votación por la mañana, antes del inicio de la sesión del pleno, circulaba la versión de un acuerdo entre las y los legisladores de la bancada del PRD para desechar el candado, sin embargo, la expectativa por ver si ese partido finalmente se despojaría del prejuicio homofóbico era mayúscula. Mientras un sector de la sociedad civil hizo público su desacuerdo con el candado, las y los activistas agrupados alrededor de Razú realizaron un intenso cabildeo con los legisladores. El gobierno del DF hizo su parte a través de la Consejería Jurídica. Hubo expectación y emoción cuando se votó el Artículo 391. Por un momento, el conteo electrónico marcó una votación muy cerrada, parecía que algunos diputados del PRD lo dudaron hasta el último minuto. “¡Vamos PRD, falta un voto!” Se oyó el grito de la diputada federal Enoé Uranga arengando a sus compañeros, lo que le valió los gritos de “¡Fuera, fuera, fuera!” de la bancada panista y “¡No nos representas!” de algunos activistas gay desde las gradas. Finalmente, el resultado de esta votación fue también arrollador: 31 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones (de perredistas y petistas en su mayoría). El grito de júbilo desde las gradas del recinto de Donceles no se hizo esperar. Ondearon las banderas multicolores a los gritos de “¡Sí se pudo!” y “¡Derechos iguales a lesbianas y homosexuales!”, mientras la coordinadora de la fracción panista en la ALDF, Mariana Gómez del Campo, abandonaba furiosa el salón de sesiones seguida por algunos correligionarios. Acusó al PRD de no respetar el acuerdo de mantener la prohibición de adopción de menores a los matrimonios del mismo sexo, y anunció –lo que ya se esperaba– que su partido, junto con el PRI y el PVEM, interpondría un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Diciembre me gustó pa’ que te cases
La aprobación de la nueva definición legal del matrimonio apenas fue precedida por la discusión pública y la movilización de la sociedad civil, a diferencia de lo que sucedió con la Ley de Sociedades de Convivencia, cuyo proceso duró seis años. Dada la importancia histórica de lo aprobado el 21 de diciembre, la presencia del activismo lésbico, gay, bisexual y transgénero fue más bien mínima. La fecha seguro influyó, pero a decir de los diputados que impulsaron la reforma, el gobierno capitalino quería que pasara sin mucho ruido y de forma expedita.
Lo cierto es que la Ley de Sociedades de Convivencia allanó el camino para el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo. Cuando se inició la discusión de aquélla en 2001, la mayoría de la población capitalina se oponía a cualquier reconocimiento legal de las parejas homosexuales; luego de seis años de discusión, cuando entró en vigor en 2007, el porcentaje de quienes estaban a favor (43 por ciento) superaba a quienes se oponían (38), según una encuesta del periódico Reforma (marzo 16 de 2007). Y hoy el 50 por ciento de la población capitalina avala los matrimonios del mismo sexo y 38 por ciento se mantiene en el rechazo (El Universal, diciembre 15 de 2009). Más de dos años de la Ley de Sociedades de Convivencia ha demostrado a la población capitalina que los negros presagios de la derecha conservadora no se cumplieron: ni las uniones matrimoniales disminuyeron ni la familia como institución sufrió descalabro alguno, porque dicha Ley no modifica en nada la institución del matrimonio.
Con esta reforma al Código Civil, la definición de matrimonio se transforma de manera radical. No sólo el género y la orientación sexual de los contrayentes dejan de ser relevantes desde el punto de vista jurídico, la procreación tampoco cuenta ya para el enlace matrimonial, ni siquiera como una posibilidad. Si antes el Artículo 146 estipulaba que el matrimonio era la unión libre de un hombre y una mujer, con la reforma queda definido como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.” La frase “con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada” fue suprimida.
Esta nueva definición responde a una visión totalmente civilista y laica del matrimonio, basada sólo en la libre voluntad de los contrayentes, muy alejada de la concepción tradicional que aún se resiste a desprenderse de la sacralización de una institución pretendidamente inmutable.
Esta diferencia de visiones salió a relucir en los debates, mientras los opositores al matrimonio del mismo sexo refirieron el pasado sacramental de la institución, los defensores se adhirieron en todo momento a la dimensión civilista. El diputado panista Carlo Pizano defendió al matrimonio como una institución natural y milenaria ligada sólo a las relaciones hombre-mujer. Los homosexuales “jamás podrán ocupar, por naturaleza, el papel de la mujer y del hombre en el matrimonio”, expresó. De eso se trata, de modificar la concepción tradicional de la institución matrimonial, respondió David Razú, principal impulsor de la iniciativa en cuestión. “El matrimonio no es natural, es una construcción jurídica para atender necesidades de la población”, argumentó y añadió que revisar las instituciones milenarias “es parte de nuestro trabajo” como legisladores.
La adopción, a debate
“Matrimonio gay, sí, pero sin adopción”, fue la condición impuesta por algunos legisladores del propio PRD y del PT para apoyar la iniciativa de David Razú. El dictamen presentado al pleno de la ALDF establecía en el Artículo 391 que no procedía “la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”. El candado a la adopción también fue materia de negociaciones con legisladores del PRI para buscar su apoyo y, en caso de no conseguirlo, evitar por lo menos que se aliaran al PAN, que se empeñaba en impedir el dictamen de la Iniciativa y su discusión en el pleno. Los cinco diputados del PRI que al principio apoyaban la propuesta de reforma fueron reconvenidos por su dirigencia (se menciona paradójicamente a María de los Ángeles Moreno) para abstenerse de hacerlo, muy en consonancia con su nuevo perfil de partido conservador-pro Vaticano-en busca de la Presidencia.
Si formó parte de la estrategia o no, el candado puesto a la adopción permitió que la discusión de la reforma llegara al pleno, pero colocó a ese tema en el centro de los debates, incluso al interior de las organizaciones de la diversidad sexual. Mientras el grupo de activistas impulsores de la iniciativa afirmaban que se trataba de un paso adelante, otro amplio sector de personalidades y organizaciones civiles del país hacía público su rechazo al candado, por considerarlo contrario a la Constitución, en un desplegado titulado “Matrimonio sin discriminación” (La Jornada, 21 de diciembre).
Sin embargo, la redacción del enunciado añadido al Artículo 391 sobre la adopción era tan endeble y carente de justificación que ponía en riesgo la solidez jurídica de toda la iniciativa. Este argumento fue el que pesó más para decidir a los legisladores del PRD a hacerlo a un lado y no exponer a la reforma a un fallo de inconstitucionalidad. La intervención de la Consejería Jurídica del gobierno del DF influyó en ese sentido. Por su parte, la diputada Marisela Contreras, quien pidió reservar dicho artículo, calificó de “incongruencia” aprobar candados, y señaló que era “un contrasentido impulsar libertades y limitarlas en la misma Ley”.
Ampliación de las fronteras del laicismo
Con la aprobación de los matrimonios del mismo sexo en el DF, la discusión pública apenas comienza. Los prelados y representantes de la feligresía católica y evangélica ya expresaron su enojo por lo que califican de “aberrante” e “inmoral”. Es previsible también el aumento de las expresiones de odio contra gays y lesbianas. El registro de las primeras nupcias entre hombres o entre mujeres en los primeros meses del año reanimará la polémica. Y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite la acción de inconstitucionalidad anunciada por el PAN, la discusión se prolongará meses y meses, como en el caso de la interrupción legal del embarazo.
Los diputados locales del PRI serán objeto de un intenso cabildeo por ambas partes para permitir o impedir, según el caso, que se interponga la acción de inconstitucionalidad. Y en la discusión que se avecina lo que está en disputa debía importar a todos. Más allá del reconocimiento de un derecho, es el fundamento mismo de nuestras leyes lo que está en el fondo del asunto. Con la votación histórica del 21 de diciembre, la ALDF confirma una vez más el fundamento laico, basado en el respeto a la voluntad de la persona, de las normas jurídicas de convivencia, desprendido de toda consideración doctrinaria o de dogma religioso. La ampliación de las fronteras del laicismo es una de las principales aportaciones de estas reformas al Código Civil del DF. Como afirma Daniel Borrillo, profesor de derecho privado en la Universidad de París, con el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo “no podemos seguir pretendiendo que las instituciones familiares están fundadas en un orden natural que trasciende la voluntad individual”.
