La universidad pública en México hoy
Hugo Casanova Cardiel
Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación
Profesor de la FFyL
UNAM
Hoy el pretendido recorte al presupuesto de la educación superior no es un asunto que afecte solamente a las instituciones universitarias y los universitarios no limitamos nuestra visión a razones de orden local. Los universitarios estamos conscientes del encargo social de nuestras instituciones y de la trascendencia de nuestro trabajo hacia el futuro.
En tal sentido, reclamamos un mayor compromiso de los poderes públicos, especialmente de quienes nos representan en el poder legislativo, para definir una política nacional de largo aliento en materia de educación superior. Una política que por fin se comprometa con la construcción de la Nación y que supere las visiones partidistas.
Agradezco la convocatoria del colectivo Redes Universitarias y celebro que los estudiantes estén promoviendo la discusión de uno de los grandes temas de la universidad de nuestro tiempo.
No es un secreto en la UNAM que durante los últimos años los estudiantes han disminuido su presencia en el debate de la problemática universitaria y que esto no es un hecho fortuito. Ha habido en la última década una tendencia a desestimular el debate y a descalificar la participación política de los estudiantes.
Muchos de ustedes conocen bien los fundamentos de la participación de los estudiantes en los asuntos de la universidad. Sin embargo, me gustaría recordar con ustedes que el surgimiento de la universidad en la lejana Bolonia del siglo XI y el despertar de la universidad alemana en el siglo XIX se deben en una buena medida al ímpetu de los estudiantes. En el primer caso, porque el cuerpo directivo –incluido el rector- estaba compuesto íntegramente por estudiantes, y en el segundo caso, al centrarse el quehacer universitario en el desarrollo de las capacidades de investigación de los jóvenes universitarios.
Tampoco podríamos omitir una mención a la reivindicación de los estudiantes en la Universidad de Córdoba en Argentina hace ya 90 años. En 1918, un movimiento llamado de Reforma Universitaria reclamaba para los estudiantes el derecho a participar en las decisiones universitarias y la necesidad de vincular la universidad con la sociedad respondiendo a las causas de igualdad y democratización del saber. Ese movimiento que influyó a todas las universidades de América Latina se extendió por supuesto a México y la UNAM que en 1929 obtuvo su autonomía y reconoció la participación de los estudiantes en el Consejo Universitario.
La tradición estudiantil en México, y de manera especial, la tradición de los estudiantes de la UNAM en la participación política no es menor. Del 68, del 86 y del 99-2000 al 2009 han pasado ya unas cuantas décadas, y la lucha y la presencia comprometida de los universitarios de entonces, son las que hoy nos permiten estar aquí, en una institución pública, gratuita y comprometida socialmente. Tales atributos no han sido obtenidos de una manera automática. Han implicado trabajo constante, estudio, disciplina y organización por parte de los universitarios que nos han precedido.
Por todo ello reitero la importancia de esta serie de encuentros pues colocan a los estudiantes universitarios en el centro de las reflexiones acerca de su propio quehacer y de su capacidad para construir el futuro de su institución.
Quisiera aludir en esta breve presentación a cuatro factores que hoy están en el centro de las preocupaciones de los universitarios. Son problemas de distinto orden pero que confluyen en el ámbito que esta mañana nos ha convocado.
1. El problema de la educación superior como un bien público
Hoy día existe un debate en prácticamente todo el mundo acerca del papel de la educación superior como un bien intrínseco para el conjunto social. Se sostiene, por un lado, que el financiamiento público de la educación superior en realidad beneficia en primera instancia a los individuos y a los dueños del capital. Por otro lado, existe otra interpretación que reivindica el poder redistributivo de la riqueza a través de la educación superior. Se sostiene también que la educación y la educación superior en especial, son los mecanismos sociales que ofrecen mayores dosis de certidumbre para la emancipación de los individuos y de la sociedad en su conjunto. En síntesis, si bien la educación superior no garantiza una automática mejor distribución de los beneficios sociales, sí constituye un beneficio a los individuos que se extiende de muy maneras diversas al todo social.
Por todo ello, es un derecho de los ciudadanos recibir la educación superior y, constituye un deber del Estado financiar de una manera decidida y sin cortapisas la educación superior.
2. El problema de la dimensión cuantitativa
Pese a lo anterior, hoy en México la educación superior sigue siendo el privilegio de unos cuantos. Las estimaciones varían pero se tiene la certeza de que el número de jóvenes mexicanos que acceden a la educación superior apenas rebasa el 20% de la tasa correspondiente de edad. Esto significa que solamente 2 de cada 10 jóvenes (entre 19 y 24 años) tiene acceso a la educación superior. La enorme desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana y las diferencias entre las regiones y entidades de la federación, ofrecen un panorama aún más complejo a nivel nacional pues mientras el Distrito Federal alcanza alrededor del 40% y Nuevo León y Tamaulipas el 30%, otros estados como Chiapas, Quintana Roo y Guanajuato se ubican muy por debajo. (Chiapas 11.6%, Quintana Roo 12.5%; Guanajuato, con 13.6; Estado de México, con 14.8%; Oaxaca, con 14.8%). No sobra recordar que en los Estados Unidos de América (referente permanente de los políticos de nuestro país) la tasa de cobertura está sobre el 80% y que, en Europa rebasa el 50%.
3. El problema de la educación superior privada y de la privatización de la educación superior pública
A lo largo de las últimas décadas el ascenso de la educación superior privada ha sido notable. Así, mientras en los setenta apenas uno de cada 10 estudiantes de la educación superior asistía a instituciones privadas hoy lo hacen tres de cada 10.
El ascenso de las formas privadas de la educación superior no fue casual. Ha existido una política deliberada de aliento a la expansión privada en detrimento del impulso a la educación superior pública.
Tal política, generada a través de estímulos fiscales, de otorgamiento de terrenos y permisos, e incluso de mecanismos perversos como el desprestigio de la enseñanza pública, ha venido imponiéndose a lo largo de las últimas décadas sumándose a los vientos del neoliberalismo económico contrarios al papel del Estado en la promoción de la educación.
La explosión de instituciones de educación superior privada a lo largo de las décadas recientes, solamente pudo darse bajo dosis mínimas de exigencia académica y, excepto tres o cuatro instituciones privadas que atendieron su encargo social con rigor, la abrumadora mayoría de las universidades privadas se desenvolvieron bajo criterios de gran precariedad abusando de una sociedad desinformada y confundida por los propios responsables de la educación superior nacional.
No puede dejar de aludirse en este apartado, al problema de la irrupción de lo privado en el ámbito público. Durante los tiempos recientes el surgimiento de los enfoques de la nueva gerencia pública se ha trasplantado al ámbito universitario implantando mecanismos ajenos a la vida académica.
Así, entre estos factores se incluye una pretendida despolitización de los problemas institucionales. Es decir, se trata a la universidad como una entidad en la cual no existe la dimensión política y en la que las decisiones se toman desde la esfera de lo técnico sin tensiones de orden político.
Privatización y orientación al mercado. En los nuevos esquemas de gestión la privatización deja de ser un propósito velado y pasa a ser una aspiración. Se le supone “neutra”, “eficiente” y “noble”. Baste recordar que en México uno de los fundamentos del plan nacional de desarrollo y del programa sectorial educativo tuvieron como insumo el llamado Plan 2030 mismo que fue encargado a diversas firmas de consultoría. Era toda una paradoja: los asuntos públicos definidos desde la óptica privada. No puede dejar de aludirse también a la incesante promoción a la búsqueda de recursos extraordinarios para las universidades y el desplazamiento del liderazgo académico por los liderazgos emprendedores en las universidades.
Del ciudadano al cliente. Existe también una tendencia en tratar a los ciudadanos, a los estudiantes, como meros consumidores de los servicios públicos. Y en el ámbito universitario los estudiantes llegan a ser tratados más como consumidores de un producto final (las clases y los servicios) que, como participantes activos de un complejo proceso académico.
La competencia y la elección pública. Hoy la competencia es un elemento fundamental para las instituciones. Se compite por fondos financieros específicos (PROMEP, PIFI, etc…) los cuales complementan de manera diferenciada los presupuestos generales. También se habla de desplazar el financiamiento a los individuos –a través de los llamados vouchers los cuales en un extremo podrían implicar la deslocalización del subsidio a las instituciones públicas.
La orientación a resultados. Este es uno de los factores más desarrollados en México. La evaluación, los indicadores de desempeño, la rendición de cuentas, los exámenes a gran escala (Enlace, EGEL, etc) forman parte del léxico gubernamental. Los resultados son sin embargo paradójicos y no hay evidencias acerca de sus beneficios.
En las universidades no se han evadido formas como los ISO 9000 y sucesivos. Tales mecanismos, bien lo sabemos, no han generado los pretendidos resultados de eficiencia que ofrecen.
4. El problema del financiamiento
El tema del financiamiento es, muy probablemente, el verdadero motor de la política educativa nacional y particularmente de la política universitaria. A partir de los ochenta, el rumbo de la educación ha estado definido por el marco de las políticas macroeconómicas nacionales y la férrea contención del gasto social ha afectado de una manera directa el ámbito educativo.
Las políticas sociales se han fundado en los criterios de la razón económica y las restricciones del gasto en educación han sido justificadas bajo diversas acusaciones hacia las instituciones públicas: “calidad insuficiente”, “ineficiencia”, “falta de pertinencia”, son solamente algunas de las juicios que fundamentan la restricción del gasto.
No se desconoce por supuesto, que en las instituciones de educación superior coexisten realidades complejas y que al lado de indicadores favorables de rendimiento y exigencia académica, se presentan diversas insuficiencias con las cuales no podemos ser autocomplacientes. Sin embargo, tampoco podríamos sumarnos a las voces del desprestigio y la descalificación de las instituciones públicas.
Hoy el pretendido recorte al presupuesto de la educación superior no es un asunto que afecte solamente a las instituciones universitarias y los universitarios no limitamos nuestra visión a razones de orden local. Los universitarios estamos conscientes del encargo social de nuestras instituciones y de la trascendencia de nuestro trabajo hacia el futuro.
En tal sentido, reclamamos un mayor compromiso de los poderes públicos, especialmente de quienes nos representan en el poder legislativo, para definir una política nacional de largo aliento en materia de educación superior. Una política que por fin se comprometa con la construcción de la Nación y que supere las visiones partidistas.
