Con el control de siete de las 12 secretarías de la Comisión de Educación y 36. 6 por ciento del total de sus integrantes, entre afiliados y afines, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación definió la suerte financiera de las instituciones de educación superior
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) operó las reasignaciones presupuestales a las universidades públicas. Con el control de siete de las 12 secretarías de la Comisión de Educación y 36. 6 por ciento del total de sus integrantes, entre afiliados y afines, el magisterio definió la suerte financiera de las instituciones de educación superior.
Más allá del inminente riesgo para la gobernabilidad de las universidades públicas y la operatividad de sus funciones sustantivas, como ya lo advirtieron los rectores, el magisterio y los gobernadores son quienes operan las asignaciones al interior de la Comisión de Educación en el Congreso de la Unión. Por eso, entre la inequidad y los privilegios para algunas instituciones de educación superior, el actual modelo y el procedimiento de financiamiento que opera están agotados. Y por eso la reticencia a concretar los presupuestos multianuales, basados en criterios puramente académicos.
Aunado a ello, las instituciones de educación superior que registraron los incrementos más altos en la reasignación presupuestal cuentan con diputados de sus estados en la Comisión de Educación, los cuales triangularon los recursos mediante la negociación que los gobernadores de esas entidades negociaron en el Congreso.
Ejemplos como la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad de Sonora (Unison), la Autónoma de Aguscalientes (UAA), la Universidad de Guadalajara (U de G) y, de manera más evidente la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se beneficiaron al contar con legisladores federales de esos estados en la Comisión.
De las 9 instituciones estatales que recibieron las mayores reasignaciones, todas cuentan con al menos un representante de su estado al interior de la Comisión, mientras que de las 12 universidades que alcanzaron apenas un incremento del 3.3 por ciento o menos no tienen representación en el seno de la Comisión.
De hecho, de las 7 que sí tienen cuando menos a un legislador de esa entidad, en cuando menos cinco de los casos dichos diputados no son, como ocurrió en entidades como Puebla y Sinaloa, afines al magisterio. Incluso, en el caso de Guanajuato, una de las universidades con el menor incremento, el legislador por esa entidad, hermano del actual gobernador, Juan Manuel Oliva, tiene enfrentamiento directo con el SNTE.
Algunos de los rectores, de las instituciones menos beneficiadas con este sistema de cabildeo, sostienen que ello habla de la urgente necesidad de dar paso a la propuesta de los montos plurianuales que impulsa la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Es tiempo, dicen, de terminar con un esquema que privilegia a quienes tienen los mecanismos de negociación más influyentes y directos para allegarse mayores recursos, más allá de las carencias y méritos académicos de las universidades públicas.
Algunas muestras del cabildeo
Al margen de la advertencia hecha por la ANUIES, en el sentido de que el presupuesto 2012 pone en riesgo la gobernabilidad de las universidades públicas, las cifras demuestran que habrá una colisión en rubros como el incremento de la matrícula, la mejora de la calidad y la atención del profesorado. Y en ese escenario las disparidades de la reasignación.
En el caso de la UAS, los legisladores, el gobernador y el rector de la institución, Víctor Manuel Corrales Burgueño, operaron en bloque para asignar a la universidad un incremento del 10.4 por ciento.
Germán Contreras García, secretario de la Comisión de Educación y ex dirigente de la Sección 53 del magisterio; Óscar Lara Salazar, también integrante de la Comisión; y Alfredo Villegas Arreola, fueron quienes gestionaron directamente con la UAS la reasignación alcanzada para 2012.
Bajo el argumento de que la UAS es de las diez universidades públicas que reciben menos financiamiento, cuenta con la tercera matricula más grande y uno de los costos más pequeños por estudiante (32 mil 566.00 pesos), mientras que la media nacional está en 43 mil 175 pesos, los legisladores llevaron la solicitud de la Universidad al interior de la Comisión y a otras instancias legislativas.
Otro de los casos fue la BUAP, donde el coordinador de los diputados federales del PRI por Puebla, también Secretario de la Comisión de Educación y ex dirigente del magisterio, José Alberto González Morales, encabezó las gestiones del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para negociar un incremento.
En varias de las reuniones sostenidas por ambos con varias comisiones en el Congreso, la petición fue clara: entre los rubros importantes para la entidad estaban la salud, la educación, el campo, infraestructura carretera, agua, turismo y cultura, y entre ellas la BUAP. Al final, alcanzó un aumento de 14.5 por ciento.
Otros de los Secretarios de la Comisión de Educación que gestionaron recursos para las universidades de sus estados, y las cuales quedaron entre las más favorecidas por la reasignación fueron Héctor Hernández Silva, para la Autónoma del Estado de México (UAEM), Jorge Romero Romero, al lado de otros diputados como Canek Vázquez, Omar Fayad y David Penchyna, para la UAEH; y María de Lourdes Reynoso Femat, para la UAA.
En el caso de la UJED, Lorena Corona Valdez, también Secretaria de la Comisión, fue el enlace al interior de la Comisión de Educación de la petición presupuestal del gobernador Jorge Herrera Caldera, y de quien se asume como rector de esa institución, Tomás Castro Hidalgo para alcanzar un aumento de 249 millones de pesos para el año entrante con respecto al 2011, en donde el presupuesto fue de 677 millones de pesos, es decir, 32. 2 por ciento.
Urge modificar los esquemas
El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, expresa su desacuerdo con los privilegios que tuvieron algunas universidades públicas al contar con legisladores de sus entidades en la Comisón de Educación, así como diputados del SNTE que operaron en su favor.
“No debemos dejar este asunto como un hecho anecdótico, se trata de una muestra muy clara de cómo en los últimos años los criterios políticos están por encima de los criterios académicos; siendo así para qué tantas propuestas a través de la ANUIES, cuando hacer campaña y recurrir a estos acuerdos tiene mucho mayor resultados”, expresa.
Por ello, señala, la negativa de la mayoría de los legisladores a aprobar la propuesta de los presupuestos multianuales, ya que ello terminaría con este tipo de convenios políticos en beneficio de unos cuantos.
“Por eso no quieren, perderían la oportunidad de manosear el presupuesto de esta forma”, inquiere Arias Lovillo.
Ante esta situación, Miguel Ángel Aguayo López, rector de la Universidad de Colima (UCol), una de las instituciones menos beneficiadas con las reasignaciones, sostiene que de nueva cuenta se demuestra que el gobierno federal a veces no responde a los retos que tiene la educación superior, como lo es el financiamiento.
Explica que muchos de los problemas que enfrentan las universidades hoy en día "se relacionan a la falta de una política de Estado en materia educativa que contemple presupuestos multianuales, lo cual daría mayor certeza y seguridad financiera a las instituciones".
Pese a ello, Adriana Ortiz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), los objetivos de las universidades públicas deben prevalecer, incluso por encima de una reasignación que no favoreció a instituciones como la que preside.
Si bien una de las metas de la UAC era la creación de nuevas carreras y con ello ampliar la oferta e incrementar la matrícula en la región, la reducción de recursos a tres fondos operados por la institución complica su situación financiera.
Ahora, dice, sólo resta concursar por recursos extraordinarios. La insuficiencia de recursos es clara y las necesidades, como los incrementos salariales que están en puerta, son demasiadas para la institución.
Asimismo, José Manuel Cabrera Sixto, rector de la Universidad de Guanajuato (UG), advirtió que la reasignación de recursos no favoreció a esa institución debido a que el presupuesto que recibirá es apenas la mitad de lo que esperaba ejercer en el 2012.
Cabrera Sixto, al igual que la rectora del a UAC, enfatiza que los recursos aprobados por el Congreso no son suficientes para atender el incremento salarial del próximo año, que es de 3.9 por ciento, además de que otras necesidades como la de contar con más profesores de tiempo completo en el nivel superior, tendrá que ser ajustada.
En el caso de la UMSNH, el rector Salvador Jara Guerrero, una de las universidades con la más baja reasignación de recursos para 2012, señala que el monto asignado a esta institución es a todas luces insuficiente.
“Tendríamos que sacrificar proyectos de investigación, becas a maestros, infraestructura y mantenimiento de laboratorios; es un problema que aqueja al 95 por ciento de las universidades en el país. Es triste que la federación no ponga los ojos en la mejor inversión para el país: la educación superior”, dice.
Problemas, a final de cuentas, que se agudizan frente a la imposibilidad de contar con criterios claros en la asignación del gasto a la educación superior.
El top ten de las reasignacionesUniversidad Juárez del Estado de Durango 32. 2 por ciento Universidad de Guadalajara 28.5 por cientoUniversidad Autónoma del Estado de México 19.4 por cientoUniversidad Autónoma del Estado de Hidalgo 15.7 por cientoBenemérita Universidad Autónoma de Puebla 14.5 por cientoUniversidad Autónoma de Aguascalientes 14. 1 por cientoUniversidad Autónoma de Sinaloa 10. 4 por ciento
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